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La educación, como el Círculo de Empresarios ha destacado, es una herramienta clave para afrontar los complejos procesos de transformación en que viven nuestras sociedades. Se trata de establecer las condiciones que hagan posible el mejor aprovechamiento de las enormes posibilidades que ofrecen los rápidos cambios tecnológicos a que asistimos. Para lograrlo, el recurso esencial es el conocimiento.

En ese sentido, a la Universidad le corresponde un papel estelar precisamente porque su verdadera razón de ser está en la producción, aplicación y difusión del conocimiento en los más variados campos del saber. La Universidad forma a los profesionales del futuro, así como a los científicos del mañana. Además, genera conocimiento a través de su labor investigadora. Una labor que complementa con la aplicación y transmisión del mismo. Sin olvidar su faceta divulgadora, porque la Universidad debe estar al servicio de la sociedad.

En nuestro entorno inmediato encontramos un reconocimiento de esa realidad en las propuestas de la Comisión Europea. Así, se plantea la necesidad de modernizar la Universidad para flexibilizarla y adaptarla a los nuevos desafíos, incrementando la competitividad de la economía europea. En esa línea, la Comisión propone varias líneas de actuación, como la eliminación de barreras que restan movilidad, la autonomía y responsabilidad de los centros, una mayor asociación con el mundo de la empresa, así como una mejor capacidad de ofrecer competencias y conocimientos adecuados para el mercado laboral. Para conseguir todo lo anterior, es necesario, entre otras cosas, mejorar la financiación y la eficacia del gasto. El objetivo final de todo ello es la excelencia de la Universidad europea, a la que únicamente se podrá acceder incentivando la competencia interna y frente a las universidades del resto del mundo.

También desde la perspectiva española, lograr una Universidad al servicio de la sociedad es hacer de esta institución un medio con el que generar una auténtica igualdad de oportunidades. No se trata de insertar la Universidad en el marco delvEstado del Bienestar, tendencia que de algún modo ha estado presente en nuestra historia reciente; sino de integrar a la Universidad de manera más decidida en el tejido económico y productivo, fomentando la excelencia a través de la competencia. Con ello se lograrían dos objetivos simultáneamente: mayor eficiencia y mayor equidad.

Por un lado, una mayor eficiencia, derivada de la mejor asignación de recursos y de la consiguiente mejora del capital humano y de conocimiento. Por otro, una mayor equidad, una mayor igualdad de oportunidades. En su concepción actual, nuestra universidad no alcanza los resultados deseados en ninguna de ambas dimensiones. Una excesiva homogeneidad en aras de la equidad impide el desarrollo de un sistema orientado a la excelencia y, por tanto, a la eficiencia. Pero el sistema también termina por ser poco equitativo, puesto que se financia públicamente una educación a la que tienen menos probabilidades de llegar quienes proceden de estratos socioeconómicos desfavorecidos.

Las propuestas del Círculo para la reforma universitaria responden en su espíritu al planteamiento que se hace desde la Comisión Europea, que a su vez nace de una mirada en el espejo del modelo estadounidense. Un modelo no exento de problemas, pero considerado como el de mayor calidad.

El objetivo esencial es el incremento de la eficiencia del sistema de educación superior. Es ésta una responsabilidad que atañe conjuntamente a las administraciones, las empresas, la sociedad civil y las propias universidades. Los primeros pasos en esa dirección podrían ser reformas para incrementar la autonomía de los centros, la transparencia en su funcionamiento y resultados, la competencia y la generación de los incentivos financieros adecuados. Tales mejoras requieren eliminar las barreras que fragmentan el sistema actual y lastran la movilidad y la especialización, tanto horizontal -todas las universidades son muy homogéneas- como vertical -no hay distinción entre académicos y gestores- Se trata, en suma, de aplicar a la Universidad conceptos e instrumentos ampliamente conocidos en los sistemas de educación superior de otros países y, también, en otros ámbitos de nuestra sociedad.

Las AAPP deberían centrarse en llevar a cabo una función “facilitadora”, esto es, en crear las condiciones para que se desarrolle una Universidad de calidad. Deberían garantizar a través de una regulación clara y de mecanismos no intervencionistas, aspectos tales como la autonomía institucional de los centros, el control de calidad a posteriori, la correcta generación de información sobre resultados, la competencia y la garantía de igualdad de acceso.

Por su parte, las Universidades deberían modificar su organización aplicando igualmente los principios de transparencia, responsabilidad, autonomía y competencia. En este orden de cosas, sería preciso introducir más profesionalizadas de gobierno y gestión institucional, junto con mecanismos competitivos de selección, promoción y remuneración del profesorado.

En cuanto a la financiación de la universidad española, es necesario nuevo sistema para incrementar los recursos que reciben los centros, sobre los procedentes del sector privado, e instrumentar mecanismos que permitan eficiencia del sistema estableciendo controles sobre los resultados a posteriori. Los incentivos financieros adecuados, combinados con una ambiciosa política (que promueva el acceso de los mejores estudiantes a los centros que elijan) permitiría la mejora simultáneamente del sistema en términos de eficiencia y equidad.

The original license is kept.

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